La Paz, 15 dic 2025 (RED DTV).- El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó un informe contundente sobre la situación de las empresas públicas del país, en el que expuso el grave impacto de la corrupción y el mal manejo de recursos estatales, con cifras que evidencian un profundo deterioro financiero.
Según el informe, de las 67 empresas públicas existentes, únicamente tres generan utilidades en la actualidad: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). “Son las empresas heredadas de los sectores estratégicos que siempre tuvimos en Bolivia, y estas son las únicas que generan utilidades al presente”, afirmó Lupo.
El diagnóstico revela además la pérdida de 222 millones de dólares en capitales y la existencia de numerosas empresas denominadas “zombies”, que se encuentran en quiebra técnica. De los 1.294 millones de dólares invertidos en estas compañías, apenas 91,5 millones fueron ejecutados de manera efectiva, lo que refleja una grave ineficiencia en la administración de los recursos públicos.
El informe advierte que la población boliviana deberá asumir una factura total de 1.463,5 millones de dólares como consecuencia de empresas y plantas planificadas que no cumplieron sus objetivos. De los 174 proyectos proyectados, solo 40 fueron entregados y apenas 19 se encuentran actualmente en funcionamiento.
A este panorama se suma una carga financiera inmediata: en los próximos 90 días el Estado deberá pagar 1.550 millones de dólares correspondientes a empresas fallidas. Asimismo, entre 2006 y octubre de 2025 se desembolsaron 103.993 millones de bolivianos provenientes de diversas fuentes, entre ellas las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) y préstamos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Frente a esta situación, el ministro José Luis Lupo remarcó la urgencia de realizar una auditoría rigurosa que permita identificar responsabilidades y establecer sanciones. Además, planteó la necesidad de una reingeniería fiscal profunda que frene el “desangramiento” de recursos públicos y garantice mayor transparencia y eficiencia en la gestión de las empresas estatales.