Bolivia, 6 feb 2026 (RED DTV).- En medio de la polémica por la gasolina de mala calidad, surge un nuevo hecho que ensucia la imagen del gobierno del presidente Rodrigo Paz: una contratación directa por casi nueve millones de bolivianos para controlar la calidad y cantidad de gasolina y diésel en las 45 plantas que tiene la estatal petrolera en diferentes departamentos del país.
El contrato fue adjudicado a la empresa Camín Cargo Control Argentina Sociedad Anónima, con sucursal en Bolivia, por un monto de 8.181.367 bolivianos. Sin embargo, surgen dudas sobre si la empresa ha cumplido efectivamente con su función, mientras los ciudadanos sufren los efectos de la llamada “gasolina basura”.
Se cuestiona si este millonario contrato no se trata solo de un documento firmado para viabilizar desembolsos de recursos públicos, pues la empresa no advirtió a la estatal petrolera sobre la mala calidad del combustible en los depósitos de YPFB.
El acuerdo se ejecutó amparado en el Decreto Supremo 29.506, emitido durante el gobierno del Movimiento al Socialismo, y ha generado reclamos de transportistas y ciudadanos que han tenido que gastar importantes sumas de dinero para reparar sus vehículos dañados por el combustible de mala calidad.
A pesar de la gravedad del asunto, ni el presidente de YPFB ni las autoridades del gobierno han informado al país sobre la situación. José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, fue consultado en Santa Cruz de la Sierra sobre este millonario contrato y el cumplimiento de la empresa, pero evitó dar declaraciones ante los medios.
La población exige claridad sobre qué medidas tomará el gobierno y cómo se garantizará que la empresa cumpla con el control de calidad de la gasolina y del diésel, un servicio fundamental para evitar más perjuicios al parque automotor nacional.