Bolivia, 9 feb 2026 (RED DTV).- YPFB dejó sin efecto un proceso contractual clave vinculado al control de calidad de combustibles, una decisión que permitió evitar la ejecución de la boleta de garantía de la empresa que debía certificar la gasolina distribuida en el país, pese a los daños ocasionados a miles de vehículos. Frente a las críticas, el presidente de la estatal, Yussef Akly, respondió con argumentos procedimentales y técnicos, sin asumir responsabilidades por la crisis generada.
“Es importante el tema de las empresas de inspección”, afirmó Akly, al señalar que “son inspecciones internacionales, no se desarrollan en territorio nacional”. Según su explicación, el contrato observado “inicia el 2025, en abril del 2025”, y que, previendo la reposición de los servicios, “por normativa se lanzó esta licitación pública en diciembre del 2025”.
Akly sostuvo que el plazo de ese proceso “era hasta marzo del 2026” y negó que exista una adjudicación firme. “No es que este proceso se hubiera adjudicado”, aseguró, para luego explicar que “lo que hemos identificado dentro de este proceso es que había incongruencia en la oferta”.
Bajo ese argumento, el presidente de YPFB indicó que, conforme a los procedimientos internos, “como mandan nuestras normas técnicas, se ha dado por cancelado ese proceso y se va a relanzar nuevamente esa oferta”.
Sin embargo, la respuesta oficial omite aspectos centrales del caso. La documentación administrativa de YPFB revela que la anulación del proceso no se sustentó en la mala calidad del combustible ni en un incumplimiento técnico de la empresa encargada del control, sino en la aplicación del Decreto Supremo 5516, que modificó los procedimientos de contratación pública.
Este antecedente se vincula directamente con el contrato por Bs 8.892.252 adjudicado por invitación directa a la empresa CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA S.A. Sucursal Bolivia, destinado al control de cantidad y calidad de gasolina y otros carburantes para la gestión 2026. Dicho contrato incluía la presentación de una boleta de garantía equivalente al 7 por ciento del monto contractual y cubría 45 plantas de almacenamiento de YPFB.
Pese a esa obligación expresa de certificar la calidad del combustible, la gasolina distribuida provocó daños masivos en motores, inyectores y bombas de combustible, sin que se haya emitido una alerta oportuna ni se haya activado el mecanismo de protección contractual a favor del Estado.
En ningún momento, Akly explicó por qué, frente a esa crisis, YPFB optó por una causal administrativa en lugar de aplicar sanciones contractuales, ejecutar la boleta de garantía o iniciar auditorías técnicas. Tampoco aclaró quién debía advertir sobre la mala calidad del combustible ni por qué el sistema de control falló.
La resolución que cancela el proceso evita pronunciarse sobre responsabilidades, ejecución de garantías o procesos por incumplimiento, y se limita a justificar la decisión en razones normativas. En la práctica, la defensa de Akly se centra en plazos, reposiciones y “incongruencias”, mientras miles de ciudadanos continúan asumiendo el costo de reparaciones por una gasolina que nadie quiso —o pudo— controlar.