Bolivia, 11 feb 2026 (RED DTV).- El discurso que el gobierno nacional de Rodrigo Paz está utilizando para descalificar al medio que reveló los contratos millonarios de YPFB reproduce una estrategia conocida: la misma que se aplicó en 2020 durante la gestión de Jeanine Áñez. El medio denunció irregularidades en la compra de combustibles y otros contratos, y la respuesta oficial busca cuestionar la veracidad de la información, en lugar de abordar los hechos documentados.
La experiencia pasada demuestra que los “poderosos circunstanciales” son pasajeros. Aunque el gobierno actual intente desacreditar la denuncia, la evidencia documental prevalece y deja claro que el poder es efímero y traicionero, como muestran los casos de autoridades que abusaron de su posición en gestiones anteriores.
En 2020, durante la gestión de Áñez, Arturo Murillo y sus allegados, incluido el entonces ministro de Defensa Fernando López, negaron los sobreprecios denunciados en la compra de gases lacrimógenos, asegurando que los medios estaban desinformando. Hoy, el presidente de YPFB, Yussef Akly, y el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, utilizan argumentos similares, comparando contratos actuales con gestiones pasadas y defendiendo la actuación de la administración de Arce Catacora.
El medio criticó que los funcionarios comparen precios actuales con contratos de gobiernos anteriores, como los de la República Bolivariana de Venezuela de 2016, dado que las compras y condiciones no son equivalentes, y resaltó que su labor se sustenta en documentos verificables, no en especulaciones.
La historia de 2020 demuestra que las negaciones oficiales no impiden que la evidencia documental se imponga: un año después, el Homeland Security en Estados Unidos procesó a Arturo Murillo por sobreprecios en contratos, confirmando que los fondos desviados terminaron en cuentas en el extranjero. Este antecedente refuerza la necesidad de transparencia y de rendición de cuentas en la gestión actual del gobierno de Rodrigo Paz.