Bolivia, 31 marzo 2026 (RED DTV).- El Gobierno nacional, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz, identificó a actores vinculados al transporte de combustible desde Chile, Argentina y Paraguay como presuntos responsables de una red que habría saboteado la gasolina importada al país. Según la versión oficial, se trataría de mafias que operan en la cadena de suministro, afectando la calidad del carburante adquirido a través de distintos traders.
El mandatario aseguró que todos aquellos que son y han sido parte de esta red de mafias delincuenciales deberán asumir responsabilidades. “Van a pagar”, advirtió, al referirse a operaciones que, según dijo, no solo involucran territorio nacional, sino también conexiones en países vecinos.
Sin embargo, bajo la lógica planteada por el propio Gobierno y sus principales autoridades —incluidos el ministro de Hidrocarburos y el ministro de Gobierno— surgen cuestionamientos inmediatos: ¿a esta altura no deberían estar ya detenidos los transportistas o empresas señaladas? ¿No tendrían que estar sus cisternas incautadas si han sido identificados como responsables?
El caso también tiene un impacto económico. Se habla de al menos 20 millones de bolivianos que habrían salido de YPFB Logística y que, según el planteamiento oficial, deberían ser cubiertos por los responsables del daño.
En esa misma línea, el presidente afirmó que existiría un esquema de robo de combustible desde las cisternas, con volúmenes que van entre 1.000 y 1.500 litros por cada unidad de 35.000 litros, además de la presunta adulteración del producto mediante la mezcla con agua y aceite.
Las dudas, sin embargo, se extienden a toda la cadena de control: ¿qué pasa cuando el combustible llega al país? ¿El producto ya ingresa adulterado o luego se pretende responsabilizar a las refinerías? ¿Qué ocurre con las empresas contratadas para el transporte y la verificación en Chile, Paraguay, Argentina y Bolivia? ¿Para qué se les paga si existen estas fallas? ¿Dónde están los controles en laboratorios, refinerías y en YPFB Logística?
El propio discurso oficial también abre otro frente: si se ha identificado a estos actores como parte de una red delincuencial, ¿por qué no se ha intervenido de inmediato a las empresas involucradas?
En conferencia de prensa, el presidente habló incluso de traición a la patria, sabotaje y de familias presuntamente vinculadas a esta estructura. Por su parte, el ministro de Gobierno aseguró que se han internado 150 millones de litros de gasolina contaminada, lo que eleva la gravedad del caso.
Pese a estas afirmaciones, hasta ahora solo se ha mostrado un caso concreto. Se trata de una cisterna —una entre las más de 1.000 o 2.000 que ingresan al país— cuyo conductor fue registrado en video vendiendo aproximadamente 300 litros de combustible a 14 bolivianos, sin precisarse si era diésel o gasolina.
El hecho fue presentado como un indicio del desvío y comercialización irregular. No obstante, también abre nuevas interrogantes: si existe una red de gran escala, ¿por qué solo se ha expuesto un caso? ¿Dónde están los demás responsables?