Bolivia, 21 abr 2026 (RED DTV).- El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, expresó su molestia y respondió públicamente al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el manejo del caso vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en medio de nuevas controversias sobre la aparición de una segunda caja fuerte.
“Les guste o no les guste, nosotros dirigimos la investigación”, afirmó Mariaca, al insistir en que el Ministerio Público es la instancia encargada de conducir los procesos penales y que se deben respetar los canales y normas del debido proceso. En ese contexto, cuestionó que 40 días después de los hechos se pretenda incorporar una nueva caja fuerte como elemento dentro de la investigación.
“¿Cómo es posible que 40 días después el ministro diga que hay una caja y quieran que nosotros la tomemos ahora?”, reclamó, al advertir que durante ese tiempo no se tiene certeza sobre quién la tuvo, si fue abierta, dónde estuvo o qué pudo haber sido introducido en su interior.
El Fiscal General también reveló que en su momento recomendó al ministro investigar denuncias sobre presuntos robos de dinero, relojes y otros objetos durante el operativo, pero —según dijo— la respuesta fue que “no era necesario”. Además, señaló contradicciones en las versiones oficiales, recordando que inicialmente la Policía informó que Marset se encontraba solo, mientras que ahora se habla de la presencia de otras personas.
En la misma línea, el fiscal indicó que existen versiones de vecinos que denunciaron que objetos habrían sido arrojados en zonas aledañas tras el operativo, lo que forma parte de los indicios que están siendo considerados.
Mariaca enfatizó que el Ministerio Público no busca perjudicar a ninguna institución, pero sí cumplir con su obligación de investigar. “No se trata de venir a dañar instituciones”, sostuvo, al tiempo de destacar el trabajo de la Policía Boliviana por la captura de Marset sin víctimas fatales.
Sin embargo, remarcó que todo procedimiento debe cumplir con los conductos regulares y plazos procesales. Recordó que el caso se inició el 13 de marzo y cuestionó que no se haya permitido una intervención inmediata del Ministerio Público, lo que —según dijo— habría garantizado un control jurisdiccional desde el inicio.
Sobre la segunda caja fuerte y los objetos mencionados, como relojes y dinero, Mariaca fue claro: cualquier elemento que se pretenda incorporar debe llegar de manera formal y conforme a los procedimientos legales. Advirtió que, de no cumplirse estos requisitos, un juez cautelar podría anular las actuaciones dentro del proceso.
“El control no lo tiene una sola instancia”, subrayó, al explicar que la Fiscalía dirige la investigación, pero bajo supervisión judicial, y que la Policía actúa como brazo operativo. En ese marco, insistió en la necesidad de coordinación entre instituciones para evitar que el caso se descontrole.
Reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Gobierno, la Policía y otras entidades, y aseguró que continuará con las investigaciones abiertas. “Aquí lo que hay son investigaciones, y nosotros ejercemos la acción penal”, afirmó, al señalar que el objetivo es esclarecer los hechos con responsabilidad y conforme a la ley.