LPZ, 23 abr 2026 (RED DTV) .- La Red DTV sostuvo que el caso no puede quedar impune y denunció la ejecución de una operación política en su contra, dirigida contra un medio de comunicación, un canal de televisión, un periodista y otros generadores de opinión. Afirmó que no se quedará en silencio pese a que se le devolvieron dos de sus cuatro páginas y que continuará revelando información de manera progresiva, en función de las reacciones que genere cada publicación.
Operadores mexicanos, empresa Black Intelligence y registros migratorios
El medio expuso que el gobierno, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contactó a ciudadanos mexicanos que operan en Bolivia desde 2025 para la creación de granjas digitales y la ejecución de estrategias en redes sociales. Identificó a Isaac Sosa como propietario de la empresa Black Intelligence, quien permanece en el país y registra ingresos el 24 de febrero de 2026, salida el 3 de marzo y un nuevo ingreso el 14 de marzo del mismo año.
También señaló a Luis Ángel Hurtado como parte de este equipo, con movimientos migratorios recientes, y estableció la identidad completa del enlace operativo: Joaquín Díaz González, quien, según los datos expuestos, salió del país el 18 de diciembre de 2025 y no retornó posteriormente. DTV indicó que estos operadores prestaron servicios en campañas presidenciales —en primera y segunda vuelta— y en elecciones subnacionales, asesorando incluso a un candidato a gobernador que no pasó a segunda vuelta.
Reuniones en YPFB, negociación por 2,5 millones y control de contenido
Según la denuncia, estos ciudadanos mexicanos sostuvieron reuniones en instalaciones de YPFB con Hugo Muñoz, funcionario de la estatal. Detalló encuentros en Santa Cruz, en el primer piso de la vicepresidencia de operaciones, durante febrero y marzo, y también en La Paz, en el edificio de El Prado, específicamente en los pisos 2 y 15.
DTV afirmó que existen registros y cámaras de seguridad que respaldan estas reuniones y cuestionó que, de negarse los hechos, se hagan públicos esos registros. Señaló además que Muñoz actuó como principal nexo entre la estatal y los operadores extranjeros, participando en negociaciones para la contratación de servicios digitales por un monto de 2,5 millones de dólares.
Ese contrato, según la denuncia, contemplaba monitoreo en redes sociales, neutralización de la viralización de contenidos, pago a cuentas digitales y acciones destinadas a impedir la difusión de denuncias sobre hechos irregulares, particularmente en torno a la crisis de combustibles y la denominada gasolina de baja calidad.
El medio también mencionó a Miriam Barriga, directora de Talento Humano de YPFB, como parte de reuniones recientes vinculadas a estas gestiones. Asimismo, sostuvo que Hugo Muñoz contactó a distintas personas para solicitar la eliminación de páginas y publicaciones de DTV, insistiendo en estos pedidos incluso tras recibir negativas.
DTV informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía la semana pasada y solicitó la citación de los ciudadanos mexicanos identificados. Añadió que el proceso ya fue admitido y que continuará difundiendo audios, testimonios y nueva información sobre una estructura que —según su versión— operó desde la sombra para intervenir en la conversación pública digital en Bolivia.