Bolivia, 8 de mayo 2026 (RED DTV).- La salida irregular del exejecutivo de YPFB, Yussef Akly, desató fuertes cuestionamientos sobre un posible encubrimiento desde instancias estatales, luego de que el Ministerio de Gobierno anunciara el inicio de una investigación interna para identificar a funcionarios de Migración que habrían facilitado u omitido controles en su salida del país.
El comunicado oficial instruye una investigación exhaustiva y advierte sanciones contra servidores públicos involucrados. Sin embargo, crecen las dudas sobre cómo una exautoridad pudo abandonar Bolivia sin ayuda, protección o algún tipo de cobertura desde el aparato estatal.
Las críticas apuntan a que el caso no puede quedar únicamente en un pronunciamiento escrito y exigen sanciones para autoridades y operadores migratorios que hubieran incumplido sus funciones. También surgen sospechas sobre posibles favores políticos, pagos económicos o influencias utilizadas para permitir la salida de Akly.
El caso abrió además cuestionamientos sobre la activación de alertas migratorias y los controles aplicados a otras exautoridades investigadas. En ese contexto, apareció el nombre de Jhonny Fernández y se planteó la preocupación de que otras figuras políticas puedan abandonar el país bajo circunstancias similares.
Otro punto que genera atención es la preservación de registros de cámaras de seguridad en oficinas de Migración, mientras se exige una investigación de oficio por la presunta vulneración de la Ley 1352, norma que establece restricciones para determinadas exautoridades durante seis meses.
El Ministerio de Gobierno afirmó que no tolerará actos de encubrimiento, protección ni utilización de influencias para evadir responsabilidades y aseguró que ningún exfuncionario tendrá trato preferencial por razones políticas, partidarias o personales.