Bolivia, 21 mayo 2026 (RED DTV).- La reciente posesión de William Bascopé como nuevo ministro de Trabajo volvió a poner bajo la lupa una de las propuestas más controversiales que impulsó antes de ingresar al gabinete. En enero de 2024, el entonces abogado constitucionalista presentó una iniciativa conocida públicamente como “Ley Antibloqueos”, con la que buscaba penalizar bloqueos de carreteras y enviar a prisión a quienes participaran o promovieran este tipo de medidas de presión, una propuesta que generó amplio rechazo en sectores sociales y políticos.
El debate resurge ahora debido a que Bolivia atraviesa nuevamente conflictos y movilizaciones en diferentes regiones, mientras organizaciones sindicales y sectores movilizados recuerdan que el hoy ministro defendió públicamente sanciones severas contra uno de los mecanismos históricos de protesta más utilizados en el país.
EN ENERO DE 2024 BASCOPÉ PLANTEÓ PENAS DE HASTA 15 AÑOS DE CÁRCEL
El 25 de enero de 2024, William Bascopé presentó ante la Vicepresidencia un proyecto de ley con el argumento de frenar los perjuicios ocasionados por los bloqueos registrados durante el conflicto por los magistrados prorrogados. La propuesta planteaba penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes organicen, convoquen, financien o ejecuten bloqueos de carreteras, una medida que rápidamente encendió la polémica política.
En aquel momento, Bascopé sostuvo públicamente que “el derecho a la protesta no es el derecho a bloquear”, señalando que las movilizaciones no podían afectar el libre tránsito ni perjudicar a otros sectores de la población. Sus declaraciones se dieron en medio de una coyuntura marcada por cortes de rutas prolongados, especialmente en Cochabamba, que derivaron en problemas de abastecimiento y fuertes tensiones políticas.
UNA PROPUESTA QUE TAMBIÉN APUNTABA A DIRIGENTES
La iniciativa no se limitaba únicamente a las personas instaladas en puntos de bloqueo. El proyecto también proponía alcanzar penalmente a dirigentes sindicales, sociales o políticos vinculados a la organización de las protestas. Bajo esa lógica, quienes convoquen, coordinen o financien movilizaciones podían enfrentar procesos penales, un aspecto que fue interpretado por críticos como un intento de responsabilizar judicialmente a liderazgos sociales.
LAS CRÍTICAS: “CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA”
La propuesta de Bascopé generó rechazo inmediato en organizaciones sociales, dirigentes sindicales y parlamentarios, quienes denunciaron que la medida buscaba criminalizar la protesta social. Sectores movilizados recordaron que históricamente en Bolivia muchas demandas sociales y políticas fueron impulsadas mediante marchas, huelgas y bloqueos, por lo que consideraron la iniciativa como una amenaza contra formas tradicionales de presión.
UNA LEY QUE NUNCA SE APROBÓ, PERO QUE HOY VUELVE AL CENTRO DEL DEBATE
Aunque el proyecto nunca llegó a convertirse en ley, el antecedente vuelve ahora al centro de la discusión política tras la posesión de Bascopé como ministro de Trabajo. La designación ha provocado observación en sectores sindicales debido a que el Ministerio de Trabajo históricamente mantiene relación directa con organizaciones obreras, movilizaciones laborales y conflictos sociales.
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