Bolivia, 25 may 2026 (RED DTV) .- El Programa Madre Educadora de Bolivia, conformado por familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo, se declaró en estado de emergencia, alerta y monitoreo permanente ante la crisis social que atraviesa el país. Mediante un pronunciamiento público, la institución cuestionó la falta de protección estatal hacia las poblaciones más vulnerables y advirtió que los bloqueos, la violencia y el colapso de servicios esenciales están poniendo en riesgo la salud y la vida de cientos de familias bolivianas.
La organización expresó su “profunda preocupación, dolor e indignación” por hechos recientes ocurridos en La Paz y El Alto, como la exposición de niños con síndrome de Down en medio de conflictos, la muerte de un menor dentro de una ambulancia por falta de atención oportuna y la agresión sufrida por un joven en Senkata mientras intentaba proteger a su mascota. “Estos hechos reflejan una realidad alarmante: en tiempos de crisis, las personas en situación de vulnerabilidad son quienes más sufren las consecuencias de la violencia, la confrontación y la ausencia de garantías constitucionales básicas”, señala el documento.
En el pronunciamiento, las familias remarcan que ninguna disputa política o social puede justificar la vulneración de derechos humanos ni el abandono de personas con discapacidad que dependen diariamente de medicamentos, terapias, atención médica y desplazamientos constantes. Además, cuestionan la incapacidad del Gobierno para garantizar condiciones mínimas de seguridad y acceso a servicios básicos en medio del conflicto nacional.
“Muchas familias dependen diariamente de servicios médicos y tratamientos especializados, por lo que los bloqueos y la paralización de servicios esenciales afectan de manera directa y severa su bienestar y su propia supervivencia”, advierte el comunicado. Por ello, el Programa Madre Educadora exhortó al Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, a las autoridades y a los sectores movilizados a asumir “acciones constitucionales responsables e inmediatas” para proteger a las poblaciones más vulnerables.
La organización concluyó reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y alertó que no permitirá que sus familias “sean nuevamente víctimas del miedo, el abandono y la indiferencia” en medio de la crisis que vive el país.