LPZ, 15 sep 2026 (RED DTV).- El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, presentó este martes los alcances del Decreto Supremo 5706, que declara como prioridad nacional la lucha contra la corrupción y amplía las atribuciones de su despacho. La norma también establece una nueva estructura institucional y otorga a García la representación gubernamental en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, integridad pública y justicia.
“NO NOS VAMOS A DEJAR VENCER CON ESTRUCTURAS CORRUPTAS”
García calificó el Decreto 5706 como un “hito decisivo” dentro de la política institucional del Gobierno y sostuvo que la medida busca cambiar el enfoque de la lucha contra la corrupción.
“Sin embargo, esta decisión no solamente es una frase o un verso, sino que viene acompañado de decisiones institucionales claras y concretas”, afirmó.
MAYOR CONTROL SOBRE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA
Entre los cambios anunciados, García destacó una modificación en la designación de responsables de las unidades de transparencia de las entidades públicas. Según explicó, estas instancias tendrán participación del Viceministerio en la propuesta de sus responsables.
“De tal manera que a partir de ahora vamos a tener ojos y fiscalización en absolutamente todas las entidades”, sostuvo García.
GARCÍA APUNTA A LOS CASOS DE UNASUR Y LA CASA EJECUTIVA DE YPFB
Durante la conferencia, García mencionó presuntas irregularidades relacionadas con la infraestructura destinada al Parlamento de Unasur y con la casa ejecutiva de YPFB en Santa Cruz. Sobre el primer caso, afirmó que ya existe una denuncia ante el Ministerio Público y sostuvo que el daño económico que atribuye a esa obra alcanza a Bs 504 millones.
Respecto a YPFB, señaló que, según un relevamiento realizado por su despacho, entre 2020 y 2025 se habrían asignado más de Bs 417 millones a infraestructura tecnológica, mientras la empresa utilizaba planillas de Excel para conciliaciones de despachos de combustible. “Entonces, ¿a dónde han ido a parar esos 417 millones de bolivianos?”, cuestionó.
ACCIONES INMEDIATAS Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
García explicó que el nuevo esquema permitirá realizar acciones inmediatas en entidades públicas y requerir información o documentación. También destacó la coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras para realizar rastreo patrimonial en casos vinculados a denuncias de corrupción.
“En el pasado era muy fácil presentar denuncias, aprehender a las personas y someterlas a medidas cautelares. Pero si hacemos un análisis de cuántos de esos casos han terminado en sentencias condenatorias, con reparación o resarcimiento del daño, el dato es significativamente menor. Es por eso que ahora nosotros nos estamos enfocando no solamente en que los procesos se inician, sino en que esos recursos sean efectivamente devueltos”, afirmó.
INVESTIGACIONES SOBRE COMBUSTIBLE Y ANH
El viceministro también se refirió a las investigaciones relacionadas con el desvío y contrabando de combustible. Señaló que se están realizando acciones contra personas que presuntamente hubieran favorecido estas prácticas y mencionó una intervención reciente en Pailón.
Asimismo, cuestionó el funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos durante 2024 y afirmó que la entidad contaba con más de 420 funcionarios con ítem, con un costo superior a Bs 60 millones.
“Se están generando las acciones no solamente en contra del personal que ha favorecido desvíos de combustible, contrabando y demás, sino también responsabilidad al más alto nivel”, sostuvo.
DENUNCIAS DIGITALES Y MECANISMOS ANÓNIMOS
García afirmó que otra de las medidas será facilitar la presentación de denuncias mediante mecanismos digitales y anónimos. Señaló que se implementaron herramientas como códigos QR para que los ciudadanos puedan reportar posibles hechos de corrupción sin acudir físicamente a las oficinas.
El viceministro sostuvo que el objetivo es pasar de un sistema centrado en la recepción de denuncias a otro que también permita prevenir riesgos, analizar información y actuar de manera anticipada.
SOBRE LAS MOVILIZACIONES DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Consultado sobre las movilizaciones del Magisterio Urbano en La Paz, García señaló que las demandas de los sectores sociales pueden ser legítimas, pero sostuvo que cuando las protestas vulneran una norma vigente pueden generarse responsabilidades.
“Nosotros como Gobierno estamos siempre dispuestos a recibir y a atender a absolutamente todos los sectores. Sin embargo, cuando esta demanda se traduce en hechos que van en contra de normativa específica, pues en ese caso se generan responsabilidades y esas responsabilidades tienen que ser determinadas por las autoridades competentes”, afirmó.
García remarcó que, en estos casos, las autoridades correspondientes deberán determinar las responsabilidades y planteó que las diferencias sean abordadas mediante el diálogo y el consenso.
SIN CONFIRMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ANH
Consultado sobre la situación del director de la ANH, García indicó que no tenía confirmación sobre una eventual salida del cargo. Señaló que, durante una conferencia interministerial realizada el lunes, el funcionario se encontraba en oficinas de la institución y que en los siguientes días se podrá corroborar oficialmente su situación.