SCZ, 26 feb 2026 (RED DTV).- En audiencia donde se definía la situación legal del burgomaestre cruceño, uno de los abogados de Johnny Fernández sostuvo que la orden de aprehensión en su contra no cumplió con los requisitos materiales exigidos por ley y solicitó que sea declarada ilegal. Argumentó que, si bien se habrían observado los aspectos formales, el Ministerio Público no fundamentó ni motivó adecuadamente los elementos de convicción sobre la participación ni el peligro de fuga, limitándose —según dijo— a una argumentación vaga sobre una supuesta obstaculización.
“El artículo 54, numeral 1, y el artículo 269 del Código de Procedimiento Penal le dan la atribución de realizar el control de legalidad de la prisión y de la actuación que realizó el representante”, señaló el jurista, al pedir a la autoridad judicial revisar las “anomalías” en la actuación fiscal.
En su intervención, aseguró que los requisitos formales fueron cumplidos: “¿Se cumplieron los requisitos formales? ¡Se cumplieron! ¿Hizo su resolución escrita? Sí. ¿Se lo puso a conocimiento en 24 horas? Sí. ¿Se cumplió con el d3l1to que es una pena superior a dos años? Sí”. Sin embargo, remarcó que “lo que no cumplió la representante del Ministerio Público son los requisitos materiales”.
El abogado sostuvo que la Fiscalía no acreditó “la participación, la autoría o la complicidad del señor Johnny Fernández” y que la resolución “no fundamentó ni argumentó el peligro de fuga”, pasando —según afirmó— directamente al supuesto peligro de obstaculización. “La orden de aprehensión lleva un rótulo de elementos de convicción de la participación, pero no lleva el rótulo de los elementos de fuga”, enfatizó.
Asimismo, citó el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establecen que los requerimientos deben ser fundamentados y específicos. “No especificó ni razonó de qué manera el señor Johnny Fernández se va a ocultar, ausentar o fugar del país. No lo plasmó en la resolución”, afirmó.
Bajo esos argumentos, la defensa solicitó que la orden de aprehensión sea declarada ilegal por no cumplir —según sostuvo— con los parámetros de fundamentación, motivación y razonabilidad exigidos por la normativa vigente.
