La Paz, 20 nov de 2025 (RED DTV).- La expresidenta Jeanine Áñez reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que esclarezca los hechos relacionados con los presos políticos en Bolivia, denunciando que los informes emitidos durante su gobierno y en los años posteriores no reflejan las v10l4ci0n3s a la Constitución ni los procesos judiciales indebidos que afectaron a más de 200 personas.
“La CIDH, como institución de la OEA a cargo de la protección de los derechos humanos en nuestro continente, tiene la obligación de pronunciarse con la VERDAD.
- El acuerdo para la investigación de los hechos de noviembre de 2019 fue solicitado y suscrito oficialmente por mi gobierno como presidente de Bolivia.
- El informe del GIEI fue producto de esa decisión durante mi presidencia.
- En las mesas de seguimiento de la CIDH “in loco” en Bolivia, a lo largo de los últimos años, concluyeron con informes que poco o nada denunciaron el flagrante indebido proceso al que fuimos sometidos más de 200 presos políticos.
- En ningún caso dichos informes, ni ahora en la audiencia que presidió, hacen referencia puntual y explícita a la violación de la Constitución y de la ley para una investigación seria, imparcial y fundada en evidencias probas como lo constató y subrayó el ex relator de las Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán.
- Las acusaciones sin investigación imparcial contra los presos políticos fueron orquestadas -como él mismo confesó- por Evo Morales Ayma, Luis Arce Catacora y su ex ministro de Justicia, Iván Lima Magne, otro funesto que declaró también públicamente que los procesos indebidos fueron instrumentalizados por su Ministerio, procesos indebidos ejecutados a vista y omisión de la CIDH.
Lamento que su actual presidente Jose Caballero omita en sus declaraciones públicas LA VERDAD acerca de los hechos y la realidad de los presos políticos en Bolivia, víctimas de la persecución judicial, la privación ilegal e injusta de la libertad y el indebido proceso, como en mi caso, con casi cinco años de prisión, sin haberse pronunciado por las torturas, los abusos y la condena política por parte del gobierno del MAS”, escribió.