Bolivia, 26 nov de 2025 (RED DTV).- Los magistrados autoprorrogados cesados de sus funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentaron una Acción de Libertad ante la Sala Constitucional de turno del Tribunal Departamental del Beni. La acción fue interpuesta por el abogado Alex Armando Mejía Suárez en representación sin mandato de Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez Castro.
En el documento se indica que los accionantes fueron objeto de mandamientos de aprehensión emitidos por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro de una Acción Popular, sin que los afectados hubieran sido notificados. Se menciona también la eventual consideración de una alerta migratoria en su contra.
La Acción de Libertad invoca los artículos 125 y 126 de la Constitución Política del Estado y los artículos 46 y siguientes del Código Procesal Constitucional, que protegen los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación frente a persecuciones ilegales o indebidas. Se detalla que la acción busca restituir los derechos vulnerados de manera inmediata y oportuna.
El documento señala que la emisión de mandamientos de aprehensión dentro de una Acción Popular constituye un acto ilegal, excediendo las competencias del juez de garantías. Se agrega que los hechos constituyen persecución indebida y vulneración de los derechos a la libertad y a la libre locomoción de los magistrados afectados.
La acción solicita de manera urgente que se deje sin efecto los mandamientos de aprehensión emitidos contra René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez Castro. También se pide que se anule cualquier actuación relacionada con la alerta migratoria y que se restituya de manera inmediata la garantía y resguardo de sus derechos fundamentales.