La Paz, 12 de nov de 2025 (RED DTV).- El ex fiscal anticorrupción Anghelo Saravia, quien dirigió la investigación del caso Martín Belaunde, reveló a EL DEBER una serie de acusaciones que involucran a exautoridades del Órgano Judicial y del Gobierno de Evo Morales. Al mismo tiempo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se instruyó la verificación de los antecedentes judiciales del actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic.
Saravia, que encabezó la comisión de fiscales en el proceso contra el empresario peruano Martín Belaunde Lossio, sostuvo que durante la investigación se registraron “hechos irregulares” que habrían buscado encubrir a funcionarios y autoridades vinculadas al entonces Gobierno. Según su versión, tanto Belaunde como Juliano Arista —conocido como el Curaca Blanco— declararon que entregaron grandes sumas de dinero a cambio de promesas de refugio político.
“El señor Belaunde señaló que el ministro de Gobierno de ese entonces, Hugo Moldiz, y el magistrado Pastor Mamani le sonsacaron dinero con el compromiso de ayudarlo. Esa declaración fue modificada posteriormente bajo presión”, afirmó Saravia. De acuerdo con su relato, el ex fiscal departamental de La Paz, Paul Franco (hoy expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional), pudo ordenar cambiar la declaración “para no involucrar a personas del Gobierno”.
El exfiscal también acusó al ex fiscal general Ramiro Guerrero de haber “direccionado” el proceso para proteger a autoridades de alto nivel. “Se destruyó una declaración clave que implicaba a exministros y funcionarios de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare)”, aseguró.
En cuanto al actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic, Saravia fue enfático en descartar que haya pagado sobornos o participado en actos de corrupción mientras ejercía la defensa de Belaunde. “Yo fui el fiscal director de esa comisión y no recibí ningún pago. Si alguien dice lo contrario, debe demostrarlo documentalmente”, expresó.
La posición del Tribunal Supremo de Justicia
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, informó que se instruyó una verificación a todos los tribunales departamentales del país para establecer si el actual ministro Vidovic tiene procesos judiciales o antecedentes pendientes.
“Hemos emitido un instructivo esta mañana a los nueve tribunales departamentales de justicia para que nos remitan la información de los procesos que tuviera el actual ministro de Justicia. En caso de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, la daremos a conocer”, explicó Saucedo.
El titular del TSJ recalcó que el informe será remitido en un plazo de 24 horas y que se actuará con transparencia. “Un ciudadano con sentencia ejecutoriada no puede ejercer ningún cargo público, pero también somos respetuosos de la independencia de los órganos del Estado y reconocemos que la designación de ministros es una atribución exclusiva del Presidente”, añadió.
Un caso que sigue generando controversia
Martín Belaunde Lossio, empresario peruano y exasesor del expresidente Ollanta Humala, fue detenido en Bolivia en 2015, tras ingresar al país solicitando refugio político. Su fuga temporal y posterior recaptura en Magdalena, Beni, desató una crisis diplomática entre Bolivia y Perú. En medio de ese proceso surgieron versiones contradictorias sobre quiénes facilitaron su salida del domicilio donde guardaba detención domiciliaria.
Saravia sostiene que la aprehensión de Belaunde fue resultado de un operativo fiscal y policial, y negó las versiones del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, quien aseguró que su despacho fue determinante en la captura. “No fue un operativo del Ministerio, fue trabajo de la fiscalía con base en inteligencia de radiobases”, puntualizó.
El exfiscal pidió que el caso sea reabierto o revisado “sin sesgos políticos” para esclarecer si existió una red de extorsión en torno a la figura del empresario peruano. Hasta el cierre de esta edición, las exautoridades mencionadas no respondieron a las acusaciones, y el Ministerio de Justicia evitó pronunciarse hasta conocer el resultado del informe del TSJ.
Vía. El Deber