Bolivia, 18 dic 2025 (RED DTV).- Desde la cárcel de San Pedro, el expresidente Luis Alberto Arce Catacora envió este jueves una carta dirigida al pueblo boliviano en la que rechaza la eliminación de la subvención a los hidrocarburos dispuesta por el gobierno de Rodrigo Paz, advierte una “brutal subida de precios” tras la medida y denuncia que su detención preventiva responde a una decisión de carácter político para desviar la atención de los efectos del Decreto Supremo que elevó los precios de los combustibles.
“Al pueblo boliviano:
Repudiamos categóricamente la forma en la que este gobierno de Rodrigo Paz eliminó la subvención a los hidrocarburos. Es un crimen contra el pueblo trabajador, asalariado y especialmente no asalariado, del campo y la ciudad que desde anoche enfrenta una brutal subida de precios.
Esta decisión que afecta de manera directa la economía de las familias, de los sectores más populares y humildes, demuestra la irresponsabilidad, improvisación e insensibilidad de este gobierno que castiga al pueblo más vulnerable, a los más humildes, a días de las fiestas de fin de año, y privilegia a sectores de mayor ingreso económico.
Esta medida podía haberse hecho de diferente manera, menos agresiva contra los más humildes. Además nosotros propusimos que esta medida sea tomada profundizando la democracia participativa, consultando a la población a través de un referéndum donde la misma podía ser enriquecida mediante el debate parlamentario con la participación de todas las fuerzas políticas y el pueblo todo, pero además, y esto es lo más importante, trabajamos en los mecanismos para generar el mayor consenso posible, especialmente con los sectores más vulnerables.
Ya existen antecedentes nefastos de lo que ocasionaron decretazos para tomar este tipo de medidas, pues contar con los apoyos políticos y sociales necesarios es absolutamente indispensable para evitar la erosión de la paz social y movilizaciones que pueden derivar en enfrentamientos y convulsiones sociales.
Quienes tienen mayor nivel de ingresos deberían pagar el precio internacional de los combustibles y el precio para el transporte público debería mantenerse.
Ahora, el incremento el incremento de la gasolina es del 86% para todos, sin ningún tipo de diferenciación, y en el caso del diésel el incremento es en más del 163%, lo cual afectará significativamente varios ítems en los costos de la cadena productiva, y por lo tanto aumentará el costo de producción de alimentos y otros, y eso repercutirá directamente en los precios al consumidor, derivando en una elevación drástica de la tasa de inflación.
Por otro lado, las compensaciones que se plantean son en menor cuantía al aumento del precio de los combustibles y de la inflación en general, por ejemplo el aumento propuesto a la Renta Dignidad es solo 42, al Salario Mínimo Nacional solo es del 20% y del Bono Juancito Pinto es de 50% pero solo una vez al año; es decir 4% mensual, lo cual dista muchísimo del incremento de 86% y 163% de la gasolina y el diésel respectivamente.
Los incrementos del salario mínimo nacional son solo para trabajadores formales, eso no pasa del 20%, y además no va a la masa salarial, por lo que no compensa el incremento en los precios de los combustibles y deja a la clase trabajadora a merced del gran empresariado.
Siempre dijimos que levantar la subvención no solucionaría ni el abastecimiento de combustible ni el problema de la falta de dólares. Hoy pese a los créditos ya aprobados por la anterior Asamblea Legislativa, no se ha solucionado el abastecimiento de diésel en el país.
Nuestro lugar está al lado del pueblo, ayer, hoy y siempre, y pese al sabotaje político y económico que enfrentamos en nuestro gobierno, nuestras políticas estuvieron siempre orientadas a precautelar los intereses del pueblo boliviano, no de grupos económicos privilegiados como hoy se observa.
Finalmente, comunico al pueblo boliviano que hoy se llevó adelante la audiencia de apelación a las medidas cautelares que me fueron impuestas sin que las autoridades judiciales hubiesen valorado los descargos presentados por la defensa. Incluso representantes del gobierno de Rodrigo Paz mencionaron que yo no vivo en el Edificio Colibrí y que no doy clases en la Universidad Mayor de San Andrés como argumentos. El magistrado vocal Portocarrero que resolvió la apelación, confirmó mi detención preventiva en la Cárcel de San Pedro, confirmando la vulneración al debido proceso, el carácter político de mi detenciónn presumiendo mi culpabilidad en contra de la Constitución Política del Estado que establece la presunción de inocencia, lo cual me deja en absoluta indefensión.
Era previsible que esto sucediera, pues ante las medidas neoliberales que atentan contra los intereses del pueblo, necesitan chivos expiatorios y cortinas de humo que dejen en segundo plano los temas importantes sobre los que el gobierno nacional no quiere que se hable.
Más temprano que tarde, el pueblo se dará cuenta que la guerra desencadenada contra el Proceso de Cambio con una narrativa que busca sepultar todos los avances políticos, económicos, sociales y culturales, era para desviar la atención de sus medidas antipopulares y antinacionales como ese Decreto Supremo, y por eso es también mi ilegal detención.
Quieren callarnos, la cárcel no nos callará ni las amenazas, amedrentamientos ni toda la campaña desplegada contra nosotros. Sabemos que están armando y fabricando más procesos en nuestra contra, pero el silencio nunca fue ni será una opción.
A mi no se me acusa de haberme robado dinero ni de haber desfalcado el Fondo Indígena, me culpan por supuestas faltas administrativas.
Tenemos la conciencia y las manos limpias. Yo no me escapé, estoy aquí dando la cara porque no tenemos nada que temer.
¡El pueblo unido, jamás será vencido!
Luis Alberto Arce Catacora
Expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Preso político del gobierno de Rodrigo Paz”
