Santa Cruz, 21 nov de 2025 (RED DTV).–El exprefecto de Santa Cruz, Carlos Hugo Molina, cuestiona los avasallamientos y conflictos por tierras en Bolivia, señalando que si los 11,3 millones de habitantes del país se concentraran en Santa Cruz, habría apenas 30 personas por kilómetro cuadrado, frente a 300 en El Salvador. Según Molina, la verdadera raíz del problema podría estar en la mercantilización, ideologización y depredación de tierras productivas y áreas protegidas, más que en la falta de espacio disponible.
“Voy a escribir con ternura sobre el problema de la Tierra y el falso debate que nos provoca.
Una pregunta sencilla me sirve de marco de referencia. Si TODOS los habitantes de Bolivia, 11.365.333 según el Censo 2024 se vinieran a vivir al departamento de Santa Cruz en sus 370.621 km², y no quedara NADIE en los 8 departamentos restantes, ¿sabés cuantos habitantes seríamos por kilómetro cuadrado? Solamente 30.
Realizando un análisis comparativo, El Salvador, donde hubo una guerra civil que duró 30 años por la tierra, comprensible si recordamos que tiene 6.325.827 hab. viviendo en 21.041 km², ¿sabés cual es la densidad de El Salvador? ¡¡¡300 habitantes por km²!!!
Santa Cruz tiene una población de 3.122.605 habitantes, viviendo el 82,8% en zonas urbanas y el 17,2% residiendo en áreas rurales. Santa Cruz tiene una extensión similar a Alemania (84.1 millones de habitantes), y Japón (124,3 millones de habitantes). Comparando Santa Cruz con El Salvador, resulta que los salvadoreños son el doble de quienes vivimos en Santa Cruz, y sin embargo, aquí cabría 17 veces el territorio de El Salvador.
Charagua Iyambae tiene 38.420 habitantes, es la entidad territorial más grande de Bolivia con una superficie de 71.745 km². En el territorio de Charagua entrarían 3.5 veces El Salvador… Y si mantuviéramos su proporción poblacional, en Charagua tendrían que vivir 22 millones de habitantes.
El ejercicio es apasionante. No todo el territorio de Santa Cruz, en el marco del PLUS, es apto para producir sin restricciones. Recordemos que el PLUS define las tierras en categorías de uso agropecuario intensivo, agropecuario extensivo, agrosilvopastoril, forestal, áreas protegidas, territorios indígenas… sirviendo como herramienta de planificación para guiar la expansión urbana, las actividades productivas y la conservación de los recursos naturales.
Entonces, así vivieran TODOS los bolivianos en el Departamento de Santa Cruz, racional y técnicamente, no tendría que haber problemas. Pero siendo la hipótesis de imposible aplicación, quedan, por dicha, 8.242.728 habitantes en los otros 8 departamentos.
En el tema de la tierra, entonces, estamos haciendo algo muy mal pues resulta difícil explicar cómo es que pueden existir problemas, evidenciando la existencia de una gran extensión de territorio y pocos habitantes en relación a ese territorio.
Este post podría acabar aquí, pero ya que llegaste, seguiré sumando filosofía e historia con una hipótesis, ¿y no será que la mercantilización, la ideologización, la depredación y el narcotráfico, son quienes alientan los avasallamientos de tierras productivas o áreas protegidas, destruyen la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional? ¿No será que hemos sido manejados por mercachifles?
Liberado el pensamiento, exploremos argumentos en torno a los avasallamientos y la toma de tierra.
1) Uno de los temas que aprobó la Revolución Nacional de 1952, fue la Reforma Agraria. Bajo el liderazgo de Ñuflo Chávez Ortiz del MNR, el 2 de agosto de 1953 se firmó la Ley por la que el Estado tomó el control de la tierra, y se inició una forma distinta de dotar, reconocer, distribuir, acceder, poseer y transmitir el factor productivo, social, identitario, comercial y político de ella.
2) A fines del año 1992, como consecuencia de las denuncias por corrupción y una pretendida dotación en favor de altos funcionarios del estado, el presidente Jaime Paz Zamora, se vio obligado a clausurar e intervenir el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y el Instituto Nacional de Colonización (INC), y a convocar la elaboración de una nueva ley de tierras.
Como consecuencia de las medidas, bajo la conducción de Isabel Lavadenz Paccieri se realizaron auditorías técnicas y jurídicas de todos los procesos de dotación y adjudicación de tierras. El debate sobre la nueva ley tomó cuatro años y en 1996, en consenso logrado con los indígenas de las tierras bajas, y con difíciles discusiones con los otros sectores, bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprobó la Ley 1715, conocida como Ley INRA. La Ley fijó un plazo de 10 años (1996-2006) para concluir el mandato de sanear todas las tierras del país, revisando los derechos otorgados por el Estado. (Miguel Urioste)
3) Coincidiendo con esas fechas, desde el año 2006 en el gobierno de Evo Morales del Movimiento al Socialismo, se debatió nuevamente el tema basado en la denominada Revolución Agraria que sostenía la eliminación del latifundio y distribución de la tierra, crédito barato, maquinización agrícola (tractorización) y acceso a mercados alternativos, concluyendo con un nuevo régimen incorporado en la Constitución el 2009. En el Referéndum aprobatorio de la Constitución el 25 de enero del 2009, también se aprobó la máxima extensión de las propiedades agrícolas, que no podían ser mayores a 5.000 hectáreas.
Con estos datos elementales, ¿cuál sería el fondo del problema? ¿Por qué sigue habiendo avasallamientos? ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno en este tema?
Por favor, te pido que administres tu entusiasmo si estás tentado a opinar desde el breviario. He comprobado que este espacio ha sido blindado por quienes vienen de todas las comarcas a escuchar con respeto y ser atendidos de la misma forma, y eso nos concede el derecho, en la disidencia, a valorar el buen decir, raro en estos tiempos, No lo perdamos”, escribió.