Bolivia, 9 feb 2026 (RED DTV).- TERRIBLE documentos oficiales revelan que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaría pagando hasta cuatro millones de dólares más por mes en la compra de crudo respecto a contratos firmados en la gestión anterior, tras sustituir a Botrading S.A. por Trafigura como proveedora.
Existe un sobreprecio. Y no se trata de una sospecha menor: se trata de un sobreprecio de aproximadamente cuatro millones de dólares mensuales en la compra de crudo, es decir, en la compra de petróleo. En las últimas horas la RED DTV tuvo acceso a dos contratos que permiten evidenciar con claridad las diferencias.
Por un lado, se encuentran los contratos firmados con Botrading S.A., que incluso se encuentra bajo investigación. Por otro, los contratos suscritos en la actual gestión del gobierno de Rodrigo Paz con la empresa Trafigura, luego de que Botrading dejara de operar como proveedora.
Resulta llamativo que quienes eran señalados como “los pícaros” hoy parezcan haber sido más transparentes que quienes se presentaban como los “transparentes”. Para demostrarlo, es necesario ir por partes.
El contrato N.º 48, firmado el 15 de febrero de 2024, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Botrading S.A., establece claramente en su cláusula octava el precio que el Estado boliviano debía pagar por cada barril de petróleo adquirido.
En dicho contrato se detalla que el premio por barril —es decir, el margen adicional sobre el precio internacional, que constituye la ganancia del trader— era de 9,10 dólares por barril puesto en la estación Pocitos, en Yacuiba, y de 18,41 dólares por barril puesto en la terminal de Sica Sica, en Arica (Chile).
Es importante aclarar que no se está hablando del precio internacional del barril, ya que ese valor se rige por la cotización del mercado global. Aquí se analiza exclusivamente el premio, que es donde se genera el incentivo económico para las empresas intermediarias.
Al revisar el segundo contrato, correspondiente a la actual gestión, surgen diferencias sustanciales. Se trata del informe YPFB N.º 19/2026, dirigido al Comité de Selección, titulado “Informe de selección suministro de crudo y condensado al mercado interno”, fechado en Santa Cruz el 13 de enero de 2026. El proceso se realizó bajo la modalidad de invitación directa.
En este contrato, ya suscrito durante el gobierno de Rodrigo Paz, YPFB pasa a comprar crudo a la empresa Trafigura. Los precios resultan alarmantes: 20,88 dólares por barril en la estación Pocitos, en Yacuiba, y 22,82 dólares por barril en la terminal de Cica Cica, en Arica.
La comparación es contundente. Con Botrading S.A., el Estado pagaba 9,10 dólares por barril en Pocitos y 18,41 dólares en Arica. Con Trafigura, se pagan 20,88 dólares en Pocitos y 22,82 dólares en Arica.
Según el propio contrato vigente, YPFB demanda 715.000 barriles de crudo. Si ese volumen se hubiera adquirido bajo las condiciones de Botrading S.A., con un premio de 18,41 dólares por barril en Arica, el costo habría sido de 13.163.150 dólares. Sin embargo, con el contrato suscrito con Trafigura, el mismo volumen asciende a 16.359.200 dólares, lo que representa una diferencia superior a 3,1 millones de dólares.
La situación se agrava aún más al analizar el punto de entrega de Pocitos. El contrato establece una demanda mensual de 50.000 barriles en esa estación fronteriza con Argentina. Con Botrading S.A., el costo mensual era de 455.000 dólares (50.000 barriles a 9,10 dólares). Con Trafigura, el mismo volumen cuesta 1.044.000 dólares mensuales, al aplicarse un premio de 20,88 dólares por barril.
Las preguntas son inevitables: ¿qué está pasando en YPFB? ¿Cómo se explica semejante diferencia por el mismo producto, con las mismas especificaciones técnicas y en los mismos puntos de entrega?
Resulta difícil creer que las autoridades no hayan advertido estas diferencias. Si no se está protegiendo el bolsillo del Estado, se estaría frente a contratos lesivos que podrían configurar daño económico al Estado y responsabilidades penales para quienes los aprobaron.
Mientras tanto, la población enfrenta dificultades económicas, gastos para reparar vehículos, motocicletas y motores, mientras la estatal petrolera compra crudo a precios inflados, solo en este rubro, por cuatro millones de dólares más al mes que en la gestión anterior.
El tema ya no compete únicamente a YPFB. Involucra directamente al Ministerio de Hidrocarburos y a la Presidencia del Estado, ya que se trata de decisiones adoptadas en la actual gestión. A apenas tres meses de gobierno, estos hechos exigen explicaciones inmediatas y una revisión urgente de los contratos.