Bolivia, 19 feb 2026 (RED DTV).- Las recientes declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, han generado preocupación entre autoridades y expertos sobre la verdadera profundidad de la descentralización en Bolivia. Al referirse al mecanismo “50-50”, diseñado para transferir recursos a municipios y gobernaciones, la viceministra enfatizó que los fondos no se entregarán simplemente para que los gobiernos locales decidan cómo usarlos, sino que deberán asumir también mayores responsabilidades administrativas.
“Sin corresponsabilidad no podemos llegar a absolutamente nada”, afirmó Barrientos, subrayando que algunos municipios podrían no estar preparados para manejar los recursos. Aunque la intención de garantizar una gestión responsable es clara, sus declaraciones han sido interpretadas por críticos como un freno a la autonomía, pues condicionar la entrega de recursos al nivel de capacidad técnica podría limitar la independencia real de las regiones.
El problema central que plantean estas declaraciones es que parecen contradecir el mandato mismo de la viceministra: profundizar las autonomías. Mientras se habla de transferir el 50% de los recursos, también se advierte que no se entregarán “sin condiciones”, lo que genera la percepción de un control centralizado disfrazado de corresponsabilidad.
El debate se intensifica en torno a una pregunta clave: ¿pueden las regiones ejercer autonomía plena si la entrega de recursos siempre está supeditada a criterios de control y responsabilidad definidos desde el centro? La discusión sobre el 50-50 vuelve así a evidenciar la tensión entre la teoría de la descentralización y la práctica política que se está implementando.