Bolivia, 7 feb 2026 (RED DTV).- YPFB Corporación dejó sin efecto un proceso contractual vinculado al servicio de inspección de cantidad y calidad de combustibles, decisión que permitió a la estatal evitar la ejecución de la boleta de garantía presentada por la empresa que debía certificar la calidad de la gasolina distribuida en el país, pese a los daños ocasionados a miles de vehículos.
Según la documentación oficial, la anulación del proceso no se sustentó en la mala calidad del combustible ni en un incumplimiento técnico de la empresa contratada, sino en la aplicación del Decreto Supremo 5516, que modificó los procedimientos de contratación pública. Bajo este argumento normativo, YPFB optó por dejar sin efecto el proceso y buscar otras causales administrativas para cerrar el trámite sin activar sanciones contractuales.
El documento establece que el proceso fue cancelado por no adecuarse al nuevo marco normativo, sin hacer referencia a la crisis generada por la gasolina en mal estado, a las fallas en los controles de calidad ni a las responsabilidades de la empresa que tenía la obligación de alertar sobre el estado del combustible almacenado y comercializado.
Este antecedente se vincula con el contrato adjudicado por invitación directa a la empresa CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA S.A. Sucursal Bolivia, por un monto de Bs 8.892.252, destinado al control de cantidad y calidad de gasolina y otros carburantes para la gestión 2026, el cual incluía la presentación de una boleta de garantía equivalente al 7 por ciento del monto contractual.
Pese a la vigencia de ese contrato y a la obligación expresa de certificar la calidad del combustible en 45 plantas de almacenamiento de YPFB, la gasolina distribuida provocó daños masivos en motores, inyectores y bombas de combustible, sin que se haya emitido una alerta oportuna ni se haya activado el mecanismo de protección contractual a favor del Estado.
La resolución que anula el proceso evita pronunciarse sobre la ejecución de la boleta de garantía, auditorías técnicas o procesos por incumplimiento, limitándose a justificar la decisión en razones administrativas y normativas, lo que ha generado cuestionamientos sobre un eventual encubrimiento de responsabilidades.
Hasta el momento, ni YPFB ni el Ministerio de Hidrocarburos, a cargo de Mauricio Medinaceli, han explicado por qué se optó por una causal normativa en lugar de aplicar sanciones contractuales, ni qué acciones se asumirán para reparar los daños causados a los ciudadanos afectados por la distribución de gasolina en mal estado.