Bolivia, 11 feb 2026 (RED DTV).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, complicó aún más la situación sobre los contratos de compra de petróleo al negar que existan acuerdos firmados, contradiciendo la documentación presentada por la RED DTV
Akly afirmó ante un medio de comunicación que YPFB no había suscrito ningún contrato de provisión de crudo y aseguró que no existía evidencia de dichas operaciones. Sin embargo, según documentos se DESMIENTE esta versión y en las imágenes se observan los contratos firmados con la empresa Trafigura, incluyendo el contrato 190/2025, fechado el 17 de diciembre de 2025, y su primer contrato modificatorio.
El contrato original establece la compra de crudo y condensado para el mercado interno, con entregas programadas en la planta Tiwipa de Chuquisaca y en la estación Positos de Yacuiba. La documentación precisa las primas correspondientes: 21,88 dólares para Tiwipa y 20,88 dólares para Positos. Los firmantes del contrato son Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, Sebastián Juchimiuk Jaworski, representante de Trafigura, y María Alejandra Guzmán, profesional abogada.
Los contratos modificatorios confirman los mismos acuerdos, manteniendo las condiciones de entrega y precios, y reflejan la continuidad de las operaciones de suministro al mercado interno. La presentación de estos documentos evidencia que YPFB sí ha suscrito acuerdos con Trafigura y que la negación del presidente de la estatal contradice la realidad documentada.
Arias reiteró que la denuncia no tiene fines políticos, sino que se centra en hechos respaldados y documentados. Señaló que continuará mostrando los contratos mientras se ponga en duda su veracidad y destacó que la información que ha presentado es completa y verificable.
La polémica pone en cuestión la transparencia de YPFB y la gestión del suministro interno de combustible, ya que las refinerías han enfrentado desabastecimiento. Las declaraciones de Akly han intensificado la atención pública y mediática sobre la administración de la estatal petrolera y la responsabilidad de sus autoridades en garantizar la transparencia y la correcta ejecución de los contratos.