Bolivia, 30 de marzo 2026 (RED DTV).- El manejo de recursos en YPFB vuelve al centro de la polémica tras revelarse que YPFB Logística ha dispuesto 20 millones de dólares para cubrir daños atribuidos a la denominada gasolina fuera de parámetros, en medio de cuestionamientos por la forma en que se ejecuta ese resarcimiento.
No solamente se está des4ngr4ndo a YPFB Logística. No se ha informado cuánta disponibilidad tiene en sus cuentas, pero ya se le están retirando 20 millones de dólares. La cifra impacta directamente en esta subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en un contexto donde además se cuestiona la calidad del combustible que habría provocado daños en motorizados.
No conforme con eso, se decidió contratar a la empresa Síntesis como pasarela de pagos. Esta firma será la encargada de recibir los 20 millones de dólares y distribuirlos uno por uno entre los afectados. Sin embargo, el contrato establece una comisión de entre 1.5% y 2%, lo que equivale a cerca de 500.000 dólares. “Un gran negocio”, se critica, al comparar el mecanismo con una simple operación bancaria de depósitos y transferencias.
La decisión abre interrogantes directas: ¿por qué no se encargó esta tarea al Banco Unión, que pudo haber asumido el pago a los transportistas y quedarse con esa comisión? ¿Por qué optar por una empresa privada? ¿Cuál es la finalidad de esta decisión? Las críticas apuntan incluso a una posible lógica de “ayuda entre grupos”, cuestionando si se continúa desangrando al Estado también en la fase de pagos.
De acuerdo con el acta de directorio de YPFB Logística correspondiente a la quinta reunión extraordinaria del 17 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, el fondo de 20 millones de dólares fue aprobado por unanimidad. El informe técnico legal y financiero 03/2026 detalla que entre enero y febrero se registraron múltiples reclamos por daños en motores asociados a combustible fuera de parámetros.
El documento reconoce que YPFB Logística, como operadora en la cadena de custodia, tiene responsabilidad sobre la calidad del carburante, pero también admite limitaciones: no cuenta con capacidad técnica ni financiera suficiente para cumplir con los controles exigidos, cuyo costo superaría los 42 millones de dólares. Asimismo, se señala que no dispone de laboratorios para realizar pruebas completas, lo que derivó en representaciones ante la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos.
Desde el punto de vista legal, el informe advierte una posible responsabilidad civil extracontractual y el riesgo de demandas colectivas, incluso por lucro cesante, lo que llevó a recomendar compensaciones inmediatas. En el plano operativo, se implementó el sistema S-REC para registrar y validar a los afectados, requisito indispensable para acceder al resarcimiento.
En términos financieros, el acta establece que los pagos serán registrados como cuentas por cobrar y autoriza una asignación inicial de 20 millones de dólares como límite de cobertura. No obstante, los desembolsos serán progresivos: un primer pago de 10 millones y, al alcanzar el 70% de ejecución, se deberá informar al directorio para evaluar nuevas asignaciones de similar cuantía.
Uno de los puntos más cuestionados es precisamente la delegación del pago a una empresa privada. El acuerdo con Síntesis establece el uso de una pasarela de pagos que cobrará entre 2% y 3% del total, lo que representa un costo estimado de entre 400.000 y 500.000 dólares. Además, el directorio facultó al jefe jurídico, Jorge Jesús Flores Durán, para realizar todos los trámites notariales, administrativos y legales necesarios para la ejecución del contrato.
En este escenario, las críticas se concentran en el doble impacto: el uso de recursos millonarios para cubrir daños y el pago adicional de una comisión elevada a un privado, en medio de cuestionamientos por la gestión, la calidad del combustible y el manejo de la estatal petrolera.