Bolivia, 12 may 2026 (RED DTV) .- Parece que, para ocupar un cargo estratégico en el gobierno, se necesita tener prontuario, se necesita tener antecedentes penales. Pasó hace algunas semanas con la encargada de la Aduana en Viru Viru; la expulsaron de Brasil por delitos vinculados al narcotráfico. Ahora sucede que el gobierno de Rodrigo Paz le ha entregado la AISEM, que es la autoridad encargada de las compras para la provisión de insumos, equipos y otros recursos para todos los hospitales del país dependientes del Ministerio de Salud; es decir, hablamos de compras millonarias.
Le han entregado la dirección de la AISEM a la señora Daniela Quiroga Claure. ¿Quién es ella? Una persona que, de acuerdo con el reporte de la justicia norteamericana, ha estado detenida y procesada en los Estados Unidos por el delito de hurto o robo en tercer grado. Se robó algún implemento de un centro comercial en los Estados Unidos y estuvo detenida.
Hay registros y antecedentes, y el Gobierno nacional la premia dándole la dirección de la AISEM, ¿qué está pasando con Rodrigo Paz? ¿Qué está pasando con quienes asisten al presidente Rodrigo Paz? Es decir, habiendo tanta gente capaz, habiendo tanta gente calificada, están designando en cargos estratégicos —allí donde se maneja mucha plata— a personas con antecedentes. Vamos a mostrar esta información que está en línea, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Mary Daniela Quiroga Claure, designada como directora ejecutiva de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, la AISEM, entidad vinculada a infraestructura hospitalaria y compras de equipamiento médico, tiene antecedentes delictivos en los Estados Unidos. Según el registro publicado, Mary Daniela Quiroga Claure fue arrestada el 23 de mayo de 2015 a las 21:26 en el condado de Miami-Dade, Florida, por el delito de hurto agravado en tercer grado. El caso figura bajo el número judicial F15-010-741 y la consigna con el número de recluso 15-00-15-414, el ID 29-85-753 y la ubicación MWDC.
La publicación indica que la audiencia estaba asignada a la red de justicia y señala como jueza a Cristina Miranda. Asimismo, detalla una fianza estándar de 5.000 dólares y que el caso fue derivado a FSU. La ficha menciona que la acusada permanecía detenida al momento del registro, que no existía abogado o defensor consignado, que el expediente estaba en etapa de preaudiencia y que no figuraban fechas de audiencia, cierre del caso ni información de libertad condicional