Bolivia, 22 abr 2026 (RED DTV).- La red DTV denunció que sus redes sociales y plataformas fueron objeto de acciones destinadas a bajar páginas, atacar cuentas y silenciar contenidos, en lo que calificó como un atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse. El medio afirmó que estas acciones se producen en el contexto de sus denuncias sobre sobreprecio en la compra de crudo por parte de YPFB, con montos de hasta 5 millones de dólares por cada millón de barriles de petróleo, además de irregularidades en combustibles, gasolina de baja calidad con un octanaje por encima de 25, el caso de las maletas y su encubrimiento, así como el robo de relojes, dinero y joyas en la casa de Sebastián Marset.
Ciudadanos mexicanos identificados y movimientos migratorios
DTV informó que identificó a tres ciudadanos mexicanos vinculados a estos hechos: Isaac Sosa, Luis Ángel Hurtado Raso y Joaquín Díaz, este último señalado como enlace. Indicó que ya solicitó al Ministerio Público la citación de los tres. Según los reportes migratorios presentados, Isaac Sosa ingresó al país el 24 de febrero por el aeropuerto internacional de Viru Viru, salió el 3 de marzo y volvió a ingresar el 14 de marzo, permaneciendo en Bolivia. En tanto, Luis Ángel Hurtado Raso ingresó el 27 de febrero de 2026 desde Perú y salió el 3 de marzo junto a Sosa, sin haber retornado al país. Ante esta situación, DTV pidió la activación de una alerta migratoria y advirtió que, si no se presenta, solicitará su notificación por edicto y su declaratoria en rebeldía.
Empresa, operación digital y forma de pago
La denuncia establece que las acciones fueron ejecutadas a través de una empresa mexicana denominada Black Intelligence. Según el material presentado, esta firma ofrece servicios de minería de datos, extracción de información, cacería de patrones y comportamiento, huella digital, cartografía de información, así como viralización y amplificación de contenidos. DTV señaló que esta empresa fue contactada por un empresario mediante un intermediario y que los pagos para la bajada de páginas se realizaron a través de criptomonedas.
Reuniones, contrato y acciones legales
El medio afirmó que los involucrados sostuvieron reuniones con el director de comunicación de YPFB, Hugo Muñoz, en instalaciones de la estatal en Santa Cruz y en La Paz. En ese contexto, pidió que se revisen las cámaras de seguridad de la Vicepresidencia de Operaciones en Santa Cruz, en la doble vía a La Guardia, así como del edificio de YPFB en el Prado paceño, correspondientes a los meses de febrero y marzo. Según DTV, en esos encuentros se negoció un contrato por 2,5 millones de dólares para monitoreo de redes sociales, filtración de información y acciones destinadas a bajar páginas, con pagos que se realizarían mediante subsidiarias y de forma fraccionada.
DTV informó que presentó la denuncia ante la Fiscalía y que solicitó la emisión de citaciones para los tres ciudadanos mexicanos. También advirtió que continuará con el proceso hasta las últimas consecuencias y que, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales, incluso en México y Estados Unidos, con el objetivo de sentar un precedente y evitar la impunidad. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos de las personas mencionadas.