Bolivia, 27 mayo 2026 (RED DTV).- La Cámara de Diputados aprobó y sancionó la abrogación de la Ley 1341, normativa que regulaba los requisitos y límites para la aplicación de estados de excepción en Bolivia. La decisión fue promulgada horas después por el presidente Rodrigo Paz mediante su publicación en la Gaceta Oficial.
La ley, vigente desde julio de 2020, establecía una serie de controles para cualquier gobierno que buscara decretar un estado de excepción. Entre ellos, fijaba un límite máximo de 60 días de duración y obligaba al Defensor del Pueblo a presentar informes semanales sobre la situación en el país mientras la medida estuviera en vigencia.
La abrogación fue aprobada la noche del martes en la Cámara de Diputados y promulgada cerca de las 23:00 por el Ejecutivo. Con esta decisión, el Gobierno podrá recurrir al estado de excepción amparándose directamente en la Constitución Política del Estado y en argumentos de “estado de necesidad”, sin los requisitos específicos que imponía la Ley 1341.
Durante el debate legislativo surgieron posiciones divididas. Algunos parlamentarios respaldaron la eliminación de la norma argumentando que el Ejecutivo necesita mayores herramientas para “pacificar el país” frente a los conflictos sociales.
“Ahora el presidente va a desenvolverse con todas las funciones que le da la Constitución para pacificar el país como él vea pertinente”, sostuvo uno de los legisladores oficialistas, quien además consideró “necesario” aplicar un estado de excepción para garantizar la tranquilidad del país.
Sin embargo, otros diputados expresaron preocupación por las posibles consecuencias de la medida y advirtieron sobre el riesgo de excesos por parte del Estado.
“No es la mejor solución abrogar la 1341”, afirmó un parlamentario opositor, mientras otro señaló que la eliminación de la ley podría abrir la puerta a medidas extremas y generar mayor tensión social.
En medio del debate, algunos legisladores denunciaron que la norma fue eliminada para permitir la aplicación de “mano dura” en regiones conflictivas, mientras otros aseguraron que el estado de excepción es un mecanismo constitucional que debe evaluarse según “la oportunidad y la necesidad”