Bolivia, 16 jun 2026 (RED DTV) .- Hugo Muñoz, el ex director de comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fue enviado detenido preventivamente a la cárcel de Palmasola la jornada de este pasado lunes, dentro de un proceso que ha iniciado la red DTV contra los responsables de haber ordenado bajar las páginas en las redes sociales de este medio de comunicación. Hugo Muñoz decidió callarse, decidió no contarle a la fiscalía los entretelones de quiénes fueron, quiénes pagaron, quiénes financiaron, quiénes le ordenaron, se cayó. Decidió asumir toda la culpa, toda la responsabilidad de este que es un hecho delictivo y que debe quedar un precedente para que ningún poderoso, ningún millonario, crea que va a actuar impunemente.
La juez Vivian Balcázar ordenó su detención en Palmasola por 30 días, sin embargo hay algunos elementos que nos llaman poderosamente la atención. Hugo Muñoz, que todo el tiempo anda enfermándose y que fue dado de alta el sábado en la noche, con anuencia de la juez que ustedes ven allí, la juez Vivian Balcázar, no se presentó a la audiencia cautelar de este lunes, una audiencia de ocho horas y media.
Por alguna razón la juez no ordenó que el señor Muñoz esté en la audiencia, le dio espacio, coordinó, sabía que Hugo Muñoz podía haberse escapado como lo ha hecho, porque el mandamiento de detención fue emitido tras la audiencia, no se podía ejecutarlo. ¿Hugo Muñoz ha desaparecido? ¿No hay en su casa? Deme las fotografías por favor.
Hoy la policía fue hasta su domicilio particular, allí en la ciudad de Montero del señor Hugo Muñoz y no lo encontraron.
El abogado del caso, Andrés Ritter, informó que se realizaron gestiones ante el Ministerio Público para ubicar al investigado y avanzar con la investigación. “Hemos solicitado una orden de allanamiento al Ministerio Público a efectos de que se pueda dar con el paradero de esta persona. Y también hemos solicitado en el mismo memorial que se proceda a citación de personas que tienen que asistir a declarar en calidad de testigos”, se expuso dentro de las actuaciones.
Según los antecedentes, al momento de la intervención policial en el domicilio del investigado en Montero, este no fue hallado, lo que impidió ejecutar la detención dispuesta por la autoridad judicial.
“Nos encontramos con que el mismo no es habido y no se puede ejecutar la orden de detención preventiva”, se indicó respecto al operativo.
El abogado Ritter cuestionó además las implicancias del caso en el acceso a la justicia, especialmente cuando las órdenes judiciales no pueden ejecutarse. “Lo llamativo del caso es que si esto le pasa a una víctima… ¿qué le pasará a la víctima de violencia, al transportista o al ciudadano sin recursos económicos?”, se señaló en el marco de sus declaraciones.